El impulso de la Oferta de Empleo Público reactiva el interés por las oposiciones como salida profesional. Formacion Ideal.

El impulso de la Oferta de Empleo Público reactiva el interés por las oposiciones como salida profesional

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública anuncia la mayor convocatoria desde 2008, con más de 30.000 plazas en diferentes sectores de actividad

Escrito por: Noelia M. Estebané Publicado: 10 sep

 

Con la publicación en los últimos meses de la mayor Oferta de Empleo Público (OEP) de la última década, la opción de conseguir un puesto fijo en este sector se ha convertido en una atractiva salida profesional para muchos ciudadanos, que desean formar parte del colectivo de empleados públicos.

En total, a nivel estatal, la OEP para 2018 contempla la creación de más de 30.000 plazas, una cifra que no se conseguía desde el año 2008 y que incluye tanto la Oferta de Empleo Público ordinaria, como dos OEP adicionales, además de la convocatoria de estabilización para el personal de la Administración de Justicia y la de nuevas vacantes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Oferta estatal

En cuanto a la primera, publicada el pasado 27 de julio en el Boletín Oficial del Estado, incluye 23.156 plazas, desglosadas en 8.289 plazas de acceso libre, 5.277 puestos de promoción interna para funcionarios, 1.892 plazas para personal laboral y otras 914 para la Administración de Justicia, entre otras.

Junto a esto, el Gobierno también presentó otros dos reales decretos extraordinarios y adicionales. Mediante uno de ellos se constituyen 323 empleos en los Centros de Acogida de Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes; concretamente, 231 plazas de refuerzo del empleo público en el reconocimiento del derecho de asilo y 92 de refuerzo en la acogida de los refugiados. Por otro lado, se suma la oferta de empleo público de estabilización, dirigida a las plazas ocupadas por interinos, con 2.862 y 2.672 puestos de la Administración General del Estado y de la de Justicia, respectivamente.

Por ramas de actividad, destacan dentro de la Oferta de Empleo Público las más de 3.000 plazas de turno libre para la Administración de Justicia, 1.525 de auxiliares administrativos, 941 de administrativos, 839 para Hacienda, 831 de ayudantes de prisiones, 385 de técnicos auxiliares de Informática, 73 de Bibliotecas o 35 puestos de examinadores de Tráfico.

A ello hay que añadir las plazas convocadas el pasado mes de abril por el Gobierno para el ingreso en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con 7.430 plazas de acceso directo y 680 de promoción interna para la Carrera Militar, Guardia Civil, Policía Nacional y personal docente no universitario de la Administración del Estado.

Empleo público autonómico

Además de la oferta estatal, también las autonomías han reactivado las convocatorias de oposiciones, con especial incidencia en Sanidad y Educación, donde las competencias están delegadas.

En concreto, en Andalucía, a finales del pasado año, se aprobaron más de 25.000 plazas por parte de la Junta para la estabilización de plazas ocupadas por personal temporal durante los próximos tres años. En su primera fase, este plan de empleo público constituirá 18.618 puestos en el sector sanitario, tanto para especialistas, como administrativos, técnicos y auxiliares. Así, el Gobierno andaluz contempla 4.851 puestos de facultativos, 4.023 de enfermería, 2.833 de auxiliares de enfermería y casi 2.000 para celadores.

Respecto a la Educación, otro de los grandes cuerpos de funcionarios, la oferta andaluza registra 6.000 plazas de los docentes de Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, repartidas en dos convocatorias para 2018 y 2020. Por último, otras 900 plazas irán dirigidas a cubrir puestos en la Administración General, entre los que se encuentran plazas para trabajadores y educadores sociales, arquitectos o ingenieros técnicos. 

Preparación para el éxito

Ahora bien, el impulso del empleo público por parte de las Administraciones lleva aparejado un importante incremento del número de opositores. A modo de ejemplo, durante 2017, la Secretaría de Estado de Función Pública registró un 252% más de solicitudes ‘online’ que el año anterior para participar en los procesos de selección.

Un mayor interés por parte de la ciudadanía que se traduce en una alta competitividad entre los aspirantes, que deben pugnar contra millares de personas por una misma plaza. De ahí que la formación especializada sea clave a la hora de superar con éxito las convocatorias.

Aunque siempre existe la opción de preparar los exámenes por libre, en los centros y academias de oposiciones los alumnos pueden conseguir los temarios actualizados de cada convocatoria y programar el estudio de los mismos, adquiriendo unos hábitos de estudio disciplinados. Pero, además, el ingreso en estos centros permite a los interesados familiarizarse con el ‘modus operandi’ del empleo público, descubrir los requisitos de baremación y presentación a las pruebas, ser advertidos sobre plazos y convocatorias y recibir todo tipo de asesoramiento en torno a la prueba a la que se enfrentan y los posibles escenarios que se suceden tras la misma.

Para facilitar el mayor de índice de aprobados, cada vez son más las instituciones formativas que apuestan por una atención especializada en determinadas áreas de empleo público, contando con docentes altamente cualificados y ofreciendo un programa personalizado que se ajuste a la disponibilidad de cada opositor y acompañe al alumno durante todas las etapas por la que pasa el aspirante mientras prepara el examen.

Colectivo laboral

Con esfuerzo -y algo de suerte-, los aspirantes conseguirán incorporarse al empleo público, un grupo laboral que cuenta en España con 2.553.505 trabajadores, según los datos del boletín estadístico del Ministerio de Política Territorial y Función Pública publicados a principios de este año, lo que supone un 0,76% de crecimiento respecto al ejercicio anterior.

De estos 2,55 millones de profesionales adscritos a las Administraciones Públicas, el 57,84% es funcionario, mientras que el personal laboral representa el 23,57% y el resto de personal el 18,59%. Cabe resaltar otro dato: España, con un 23%, es el segundo país europeo con una mayor tasa de temporalidad pública (el número de interinos sobre el total de los empleados de la Administración), solo superado por Polonia, según Eurostat.

Por administración, uno de cada dos empleados públicos (el 51,6%) trabaja para las comunidades autónomas, mientras que las entidades locales aglutinan el 22,4% de estos profesionales; el Estado, el 20%; y el 6% mantiene una relación laboral con las universidades.

No obstante, aunque pueda parecer que 2,55 millones de empleados de la Administración es una cifra elevada, según el informe ‘Government at glance 2017’ de la OCDE, España es uno de los países con menor porcentaje de este tipo de profesionales. De hecho, mientras que la media europea se sitúa en 18 empleados públicos por cada cien trabajadores, en el territorio español, este porcentaje se sitúa en el 15,72% del empleo total. Encabezan la lista de naciones con mayor presencia de empleo público los países nórdicos: Noruega (30%), Dinamarca (29%), Suecia (29%) y Finlandia (25%); por el contrario, Suiza es el país europeo de la OCDE con menor porcentaje, con un 10%.

En cuanto a la edad, el informe de la OCDE también pone de relieve el envejecimiento de este colectivo, puesto que el 35% de los empleados públicos españoles tiene más de 55 años, una tasa solo superada por Islandia e Italia, mientras que la media se sitúa en el 24%. En el lado opuesto, los trabajadores del sector menores de 34 años solo representan en España el 5%, frente al 18% de media de la OCDE.